Por: Eduardo Jiménez J.
ejimenez2107@gmail.com
ejj39@hotmail.com
@ejj2107
Generalmente el debate de la política
pensionaria ha oscilado entre lo público y lo privado. Recordemos que el
sistema privado de pensiones en nuestro país nació como una reacción a la
pésima gestión del sistema público, donde distintos gobiernos, democráticos o
autoritarios, se agenciaron de recursos disponiendo del ahorro producto de los
descuentos pensionarios a miles de trabajadores, principalmente dependientes.
Frente a ello, y en el auge de la ola neoliberal
de los años noventa, se instituyó el sistema privado de pensiones, copia
directa del sistema que años atrás se había implementado en Chile. El sistema
de aportes es similar al público: un ahorro forzoso, descontándose al
trabajador una parte de su remuneración (alrededor del diez por ciento, sin
contar comisiones a la empresa administradora). La diferencia con el sistema
público se encuentra en la individualidad de los aportes, expresado en la
tenencia por cada trabajador de una “cuenta individual de capitalización”, a la
manera de una libreta de ahorros, donde se abonaría por “la rentabilidad” de
sus aportes, más una comisión a favor de las administradoras precisamente por
“administrar” el fondo jubilatorio.
No se pudo “matar” al sistema público, el
cual quedó a cargo de una oficina descentralizada del estado (la ONP, Oficina
de Normalización Previsional); sin embargo, todos los futuros trabajadores
activos de aquella primera etapa fueron a pasar obligatoriamente al sistema
privado, coartando la libre decisión del trabajador de decidir por el sistema
público o privado. En respaldo de la tesis se argumentó que el sistema público
estaba “quebrado”, pero en realidad lo que las nacientes AFPs requerían era una
“masa crítica” de aportantes a fin que el sistema crezca y se consolide en el
tiempo, por lo que se utilizó el subterfugio de la inviabilidad del sistema
público.
Esta obligatoriedad se quiso aplicar a los
trabajadores independientes –aunque tamizada con la opción de elegir entre el
sistema público o el privado-, “reclutándolos” a una nueva AFP, lo cual originó
protestas de este importante sector laboral, obligando al gobierno ha
retroceder en la decisión.
Pero, de los trabajadores independientes me
ocuparé más adelante. Vayamos a algunos aspectos criticables del sistema privado
de pensiones, que ya cuenta con veinte años operando en nuestro país y se
encuentra consolidado institucionalmente.
Algunos aspectos criticables del sistema se
dirigen principalmente a los siguientes aspectos:
1. Pensiones de jubilación ofrecidas,
2. Rentabilidad del fondo de pensiones,
3. Inexistencia de una pensión mínima,
4. Poca trasparencia de las inversiones
efectuadas por la administradora,
5. Comisiones cobradas,
6. Concentración oligopólica de pocas AFP en
el mercado peruano.
Sobre el primer punto, las pensiones
ofrecidas en promedio se encuentran un
poco más por encima de las pensiones del sistema público. Vale decir que en
veinte años operando el sistema no ha podido ofrecer pensiones más atractivas
como las que su oferta inicial promovía. Los defensores de las AFP culpan a los
propios trabajadores por no haber ahorrado lo suficiente en su cuenta
individual y al gobierno por no dar más “facilidades” de inversión a las
empresas administradoras.
Pero, la baja rentabilidad de los fondos de
pensiones (negativos en algunos años) también se encuentra relacionado con la
poca trasparencia de las inversiones efectuadas por las AFP; las que no
buscarían maximizar la rentabilidad del fondo del trabajador, sino de las
empresas del entorno de las propias AFP que recibirían liquidez financiera casi
a costo cero (“dinero gratis”), empresas que si reportasen pérdidas,
significaría pérdidas directas para el trabajador (ya que se trata de su
dinero). Ese es uno de los puntos “débiles” del sistema: le puede ofrecer al
trabajador una pensión de jubilación atractiva siempre y cuando las condiciones
del entorno económico sean prósperas y el portafolio de inversiones sea
rentable; pero en entornos recesivos o malas inversiones, el fondo ni siquiera
se mantiene en términos positivos, sino que arroja pérdidas.
En otras palabras, la pensión del trabajador
se encuentra en directa relación a cómo le vaya al mercado (nacional e
internacional) y cómo las AFP han invertido su dinero.
Ese es un aspecto medular del sistema privado
que no se discute en forma trasparente.
Se debe sumar a ese panorama poco
trasparente, que en el sistema privado peruano no existe pensión mínima a favor
del trabajador, como sí existe en el sistema chileno, por lo que hemos visto casos
dramáticos de trabajadores con pensiones menores a los cien nuevos soles (algo
así como 30 dólares americanos) mensuales. A lo que se debe sumar la “esperanza
de vida” calculada a un trabajador que se va a jubilar: no recibe una pensión
mayor, en vista que supuestamente va a vivir más de cien años, lo cual es un
imposible en la vida real.
A ello se debe sumar las comisiones cobradas
por las AFP. Paradójicamente en años anteriores, cuando el fondo arrojaba
pérdidas para el trabajador, las AFP arrojaban como empresa, ganancias, dado
que la comisión por “administrar el fondo” se le descontaba al trabajador, así
genere pérdidas su fondo pensionario. Ello motivó que se implementase la
reforma del año 2012 con respecto a las comisiones, pudiendo elegir el aportante
entre comisión por saldo o por flujo.
El otro aspecto crucial del sistema privado
es el oligopolio de empresas prestadoras. Actualmente son cuatro más una quinta
(Habitat) que ingresó por concurso y la cual –por contrato con el estado-
tendría la “cautividad” de los nuevos trabajadores que se incorporen a la
actividad laboral. Cuando las empresas que prestan un servicio o venden un
producto conforman un oligopolio, la competencia prácticamente no existe y
generalmente las empresas oligopólicas tienden a “repartirse el mercado” o
concertar precios.
Por ello y ante la vulnerabilidad que tiene
el sistema privado por los vaivenes económicos del mundo y del país, se
necesitaba que ingresen al sistema para reforzarlo los trabajadores
independientes. En nuestro mercado laboral, los trabajadores formales son
minoría. De esa minoría, aproximadamente solo la mitad aporta regularmente a un
sistema de pensiones; la otra mitad o se encuentra desempleada o devino en
informal. De allí la importancia cuantitativa
de incorporar al sistema a los independientes.
Formalizar a los independientes, a fin que
aporten a un sistema pensionario, no es mala idea, si tenemos en cuenta que de
aquí a algunos años, cuando su fuerza laboral disminuya, esas personas
requerirán una red de protección social. Pero, lamentablemente, ese
reclutamiento “forzoso” se hizo en condiciones nada propicias. Creo que primero
se debió discutir la reforma del sistema pensionario y de allí diseñar planes
alternativos de jubilación para los trabajadores, sean dependientes o
independientes. El reclutamiento de los independientes y los ingresantes a la
vida activa laboral daba la impresión que obedecía más para favorecer a las AFP
que al propio trabajador.
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A veinte años de creadas, las AFP “mueven”
grandes capitales. Es un poder fáctico y bastante poderoso, por lo que los
sucesivos gobiernos han tratado de mantener sus privilegios a cambio que les
presten dinero vía bonos del tesoro público (las AFP son una de las principales
compradoras de los bonos del estado). De allí que cualquier reforma profunda
del sistema (la del 2012 fue bastante tímida) en las actuales condiciones es
prácticamente imposible, dado que se requiere una gran voluntad política tanto
del ejecutivo como del parlamento, lugares donde los lobies de las AFP están presentes a fin de mantener las cosas como
están.
En Chile, por ejemplo, lugar donde nacieron,
ya se produjo un amplio debate sobre los pobres resultados de las
administradoras de pensiones y el gobierno tomó la decisión de crear una AFP
estatal, en vista que por allá también presentaban problemas similares. Con ello,
de cierta manera, vuelven al sistema público ante el poco éxito que el sistema
privado ha tenido: por lo general los sectores con los ingresos más altos han
sido los beneficiados, mientras que la gran base de la pirámide laboral no.
Creo que las condiciones son favorables para
una reforma profunda del sistema pensionario en su conjunto, tanto el público
como el privado. Hacerle “retoques” o maquillajes no resuelve los problemas de
fondo. Quizás, como lo recomienda el Banco Mundial, una salida es un sistema
mixto: público para todos y facultativo, con cuentas individuales, para
aquellos que tengan expectativas de una mejor pensión. Algo así como tenemos en
salud, donde no se rompe el principio de solidaridad y aquellos trabajadores
que tienen convenios con clínicas privadas, el empleador sigue aportando a
Essalud (el sistema público).
Otra salida, en una línea similar, es la
propuesta de la Universidad del Pacífico: pensión no contributiva mínima en
base a impuestos para todos los que se encuentren en edad de jubilarse y
opciones de ahorro voluntario libre. Para ello deberían entrar al mercado
peruano otras administradoras pensionarias que “mueven” grandes capitales y
romper de esa forma el oligopolio imperante.
Asimismo, a nivel institucional, lo ideal
sería que se cree un organismo regulador y fiscalizador autónomo y técnico, con
estatus constitucional de ser posible, que sea el encargado de supervisar todo
lo que es pensiones, tanto públicas como privadas. Actualmente la
administración pensionaria se encuentra separada en distintos islotes que no
ofrecen una solución integral al problema.
En igual sentido debe debatirse la ampliación
de la edad para jubilarse. Por la esperanza de vida, una persona de 65 años
(edad promedio de jubilación en casi todo Occidente) ya no es “vieja” como
sucedía antaño, por lo que está en condiciones de ampliar su ciclo laboral. La
decisión es polémica y ha encontrado fuertes resistencias de parte de los
trabajadores organizados donde se ha querido implementar (fue el caso de
Francia y Bélgica), pero algo se debe hacer; más tomando en cuenta que en los
países con “población joven” como Perú, de acá a 40 años será todo lo
contrario, un país con predominio de personas mayores de 60 años.
Lo otro sería dejar las cosas como están, con
un panorama nada agradable para el trabajador promedio. O, peor aún (y espero
no suceda), encontrarnos en poco tiempo con algún gobierno populista que –como
ocurrió en Argentina- “expropie” los fondos privados de pensiones y pasen a la
administración pública. Dicho sea de paso, es un rico botín y un “bocatto di
cardinale” para todo gobierno con problemas de dinero y ánimo populista.
Por ello, la idea de un sistema mixto, donde
se vuelva a repotenciar al sistema público con una administración eficiente y
tecnocrática, acompañado de los “candados legales” adecuados, es una línea del
debate que debe suscitarse en los próximos años y, por supuesto, de la
necesaria decisión política. No vaya a ser que de aquí a un tiempo nos
encontremos exigiendo la creación de una AFP estatal, lo que no solucionaría
los problemas de fondo.
