El rol empresarial del Estado siempre fue criticado intensamente por la ineficiencia que tuvo como empresario, a tal punto que las privatizaciones de los noventa prácticamente no tuvieron resistencia.
Debemos dejar en claro que el Estado por si mismo no es mal ni buen administrador. No nace genéticamente así, depende más bien de la capacidad administrativa que tenga, de los cuadros técnicos que contrate más allá del carné del partido de turno y de la autonomía política y financiera que se le otorgue a la empresa pública.
Lamentablemente, en nuestra historia reciente no hemos tenido casos de empresas públicas que hayan sido exitosas, sino todo lo contrario.
Creadas masivamente en el gobierno de Velasco (1968-75), producto de las nacionalizaciones de la época, el resultado fue que se acumuló una enorme carga burocrática que los sucesivos gobiernos la fueron engrosando, a fin de cumplir con sus partidarios, llevando al colapso financiero a las empresas públicas sostenidas artificialmente por el tesoro público (o sea por todos nosotros como contribuyentes).
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Treinta años después la experiencia se quiso repetir de nuevo, siendo una de las banderas del plan de gobierno de Ollanta Humala en las últimas elecciones generales.
Pero antes de estar de acuerdo o en desacuerdo, hay que hacerse algunas preguntas básicas como: ¿son necesarias las empresas públicas?, ¿a qué se denomina empresa “estratégica”?, ¿que empresas calificarían como “estratégicas”? y cuál sería el procedimiento para que el Estado acceda a una empresa considerada estratégica.
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¿Son necesarias las empresas públicas?
La respuesta a la pregunta dependerá del tipo de visión o de plan económico que se tenga como norte.
Desde una óptica liberal, no son necesarias; desde una óptica de un Estado intervencionista, sí lo son.
La experiencia de las privatizaciones en los años 90 demostró que eran necesarias algunas empresas públicas a fin que el Estado intervenga directamente en lo que el mercado no podía regular por si mismo o participando en un rol subsidiario al sector privado, y también, porqué no, para que gane utilidades con la empresa como haría cualquier accionista privado. Lamentablemente la visión neoliberal privatizó todo sin medir las consecuencias futuras para el país.
¿Son necesarias las empresas estratégicas?
Primero debemos definir que se entiende por “estratégica”.
El DRAE define la voz “estratégica” como De importancia decisiva para el desarrollo de algo.
Y acá viene el problema que es de delimitación.
¿Qué sería importante para el desarrollo del país?
Si nos atenemos a un criterio abierto, amplio, bastante flexible, estratégico sería absolutamente todo, desde la alimentación hasta el uso de la energía nuclear. Así tendríamos empresas del Estado dedicadas a la producción y distribución de panes, fideos y mantequilla (necesarios para la alimentación), pasando por aquellas que vendan el gas doméstico a domicilio o se dediquen a la telefonía o al servicio de tv por cable (ya que también sería estratégica por el contenido de los programas para la formación de la familia peruana), hasta aquellas que se dediquen a la banca y finanzas, generen energía de cualquier tipo o manden hombres a la luna. Tendríamos un innumerable e inmanejable número de empresas estatales consideradas “estratégicas” que sería muy difícil de seguir y menos supervisar.
El otro criterio, es el criterio restringido, por medio del cual el Estado tendría un rol empresarial muy puntual y delimitado, con algunas pocas empresas que sean fácilmente supervisadas, con cuadros técnicos apropiados (no nombrar, por ejemplo, de gerente general al “amigo” del presidente o aquel que no cuente con calificaciones técnicas para el cargo) y que gocen de la suficiente autonomía financiera y política.
Lo cual no es tan fácil como parece debido a que es necesario ponerse de acuerdo no sólo en el gobierno, sino con la oposición y con la sociedad misma (ya que nosotros las financiamos y teóricamente nos pertenece) qué empresas o en qué sectores podría desarrollar la actividad empresarial el Estado.
¿Qué empresas calificarían como “estratégicas”?
Respondida la pregunta anterior y de acuerdo al criterio amplio o restringido utilizado, será más fácil determinar que empresas califican como estratégicas. Si se utiliza el criterio amplio serían una infinidad las empresas públicas, si se usa el criterio restringido serían muy pocas.
¿Cuál sería el procedimiento para que el Estado acceda a una empresa considerada estratégica?
Esta es una o la más delicada pregunta, porqué de la forma que el Estado tenga para acceder a una empresa considerada estratégica, dependerá su relación con la sociedad y sobretodo con los sectores económicos involucrados y sobretodo si realmente se comporta como un Estado Constitucional de Derecho.
Una primera forma sería la creación desde cero de una empresa estatal. Acá, el gobierno encontrará un primer escollo: la Constitución Política del 93, debido a que la carta magna vigente sólo contempla un rol subsidiario del Estado en el campo empresarial y autorizado exclusivamente por ley expresa. Por lo que una de dos: o el gobierno de turno sigue todo un procedimiento de acuerdo a lo que establece la carta magna o inicia una reforma del artículo en mención, que demoraría –con viento a favor- aproximadamente dos años.
Otra forma sería vía compra de acciones de empresas privadas o ampliación del capital de estas. Cualquiera de las dos va a requerir el acuerdo con la empresa donde el Estado quiere intervenir y la forma en que lo hará. No podrá el Estado intervenir “manu militari” en una empresa privada. Menos iniciar procesos masivos de expropiación, las consecuencias para el país y para el propio gobierno serían nefastas, el remedio sería peor que la enfermedad.
Y una forma final es por medio de organismos reguladores. El Estado no sería propiamente empresario, pero regularía la actividad empresarial considerada “estratégica” a través de organismos creados ad hoc, los cuales, está demás señalar, deberán gozar igualmente de plena autonomía y con cuadros técnicos altamente calificados.
Y para finalizar, no hay que olvidar que cualquiera de las formas planteadas requiere financiamiento (sea vía deuda externa o deuda interna) y teniendo recursos escasos y necesidades urgentes que atender en el país, el gobierno que quiera intervenir en la actividad empresarial tendrá que hilar muy fino, caso contrario abrirá una caja de Pandora que le podría estallar en plena cara, con efectos nocivos no sólo para él sino para toda la sociedad.
Debemos dejar en claro que el Estado por si mismo no es mal ni buen administrador. No nace genéticamente así, depende más bien de la capacidad administrativa que tenga, de los cuadros técnicos que contrate más allá del carné del partido de turno y de la autonomía política y financiera que se le otorgue a la empresa pública.
Lamentablemente, en nuestra historia reciente no hemos tenido casos de empresas públicas que hayan sido exitosas, sino todo lo contrario.
Creadas masivamente en el gobierno de Velasco (1968-75), producto de las nacionalizaciones de la época, el resultado fue que se acumuló una enorme carga burocrática que los sucesivos gobiernos la fueron engrosando, a fin de cumplir con sus partidarios, llevando al colapso financiero a las empresas públicas sostenidas artificialmente por el tesoro público (o sea por todos nosotros como contribuyentes).
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Treinta años después la experiencia se quiso repetir de nuevo, siendo una de las banderas del plan de gobierno de Ollanta Humala en las últimas elecciones generales.
Pero antes de estar de acuerdo o en desacuerdo, hay que hacerse algunas preguntas básicas como: ¿son necesarias las empresas públicas?, ¿a qué se denomina empresa “estratégica”?, ¿que empresas calificarían como “estratégicas”? y cuál sería el procedimiento para que el Estado acceda a una empresa considerada estratégica.
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¿Son necesarias las empresas públicas?
La respuesta a la pregunta dependerá del tipo de visión o de plan económico que se tenga como norte.
Desde una óptica liberal, no son necesarias; desde una óptica de un Estado intervencionista, sí lo son.
La experiencia de las privatizaciones en los años 90 demostró que eran necesarias algunas empresas públicas a fin que el Estado intervenga directamente en lo que el mercado no podía regular por si mismo o participando en un rol subsidiario al sector privado, y también, porqué no, para que gane utilidades con la empresa como haría cualquier accionista privado. Lamentablemente la visión neoliberal privatizó todo sin medir las consecuencias futuras para el país.
¿Son necesarias las empresas estratégicas?
Primero debemos definir que se entiende por “estratégica”.
El DRAE define la voz “estratégica” como De importancia decisiva para el desarrollo de algo.
Y acá viene el problema que es de delimitación.
¿Qué sería importante para el desarrollo del país?
Si nos atenemos a un criterio abierto, amplio, bastante flexible, estratégico sería absolutamente todo, desde la alimentación hasta el uso de la energía nuclear. Así tendríamos empresas del Estado dedicadas a la producción y distribución de panes, fideos y mantequilla (necesarios para la alimentación), pasando por aquellas que vendan el gas doméstico a domicilio o se dediquen a la telefonía o al servicio de tv por cable (ya que también sería estratégica por el contenido de los programas para la formación de la familia peruana), hasta aquellas que se dediquen a la banca y finanzas, generen energía de cualquier tipo o manden hombres a la luna. Tendríamos un innumerable e inmanejable número de empresas estatales consideradas “estratégicas” que sería muy difícil de seguir y menos supervisar.
El otro criterio, es el criterio restringido, por medio del cual el Estado tendría un rol empresarial muy puntual y delimitado, con algunas pocas empresas que sean fácilmente supervisadas, con cuadros técnicos apropiados (no nombrar, por ejemplo, de gerente general al “amigo” del presidente o aquel que no cuente con calificaciones técnicas para el cargo) y que gocen de la suficiente autonomía financiera y política.
Lo cual no es tan fácil como parece debido a que es necesario ponerse de acuerdo no sólo en el gobierno, sino con la oposición y con la sociedad misma (ya que nosotros las financiamos y teóricamente nos pertenece) qué empresas o en qué sectores podría desarrollar la actividad empresarial el Estado.
¿Qué empresas calificarían como “estratégicas”?
Respondida la pregunta anterior y de acuerdo al criterio amplio o restringido utilizado, será más fácil determinar que empresas califican como estratégicas. Si se utiliza el criterio amplio serían una infinidad las empresas públicas, si se usa el criterio restringido serían muy pocas.
¿Cuál sería el procedimiento para que el Estado acceda a una empresa considerada estratégica?
Esta es una o la más delicada pregunta, porqué de la forma que el Estado tenga para acceder a una empresa considerada estratégica, dependerá su relación con la sociedad y sobretodo con los sectores económicos involucrados y sobretodo si realmente se comporta como un Estado Constitucional de Derecho.
Una primera forma sería la creación desde cero de una empresa estatal. Acá, el gobierno encontrará un primer escollo: la Constitución Política del 93, debido a que la carta magna vigente sólo contempla un rol subsidiario del Estado en el campo empresarial y autorizado exclusivamente por ley expresa. Por lo que una de dos: o el gobierno de turno sigue todo un procedimiento de acuerdo a lo que establece la carta magna o inicia una reforma del artículo en mención, que demoraría –con viento a favor- aproximadamente dos años.
Otra forma sería vía compra de acciones de empresas privadas o ampliación del capital de estas. Cualquiera de las dos va a requerir el acuerdo con la empresa donde el Estado quiere intervenir y la forma en que lo hará. No podrá el Estado intervenir “manu militari” en una empresa privada. Menos iniciar procesos masivos de expropiación, las consecuencias para el país y para el propio gobierno serían nefastas, el remedio sería peor que la enfermedad.
Y una forma final es por medio de organismos reguladores. El Estado no sería propiamente empresario, pero regularía la actividad empresarial considerada “estratégica” a través de organismos creados ad hoc, los cuales, está demás señalar, deberán gozar igualmente de plena autonomía y con cuadros técnicos altamente calificados.
Y para finalizar, no hay que olvidar que cualquiera de las formas planteadas requiere financiamiento (sea vía deuda externa o deuda interna) y teniendo recursos escasos y necesidades urgentes que atender en el país, el gobierno que quiera intervenir en la actividad empresarial tendrá que hilar muy fino, caso contrario abrirá una caja de Pandora que le podría estallar en plena cara, con efectos nocivos no sólo para él sino para toda la sociedad.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
